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Contraloría presentó primera obra en el país sobre la historia del control gubernamental y la lucha contra la corrupción

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El Contralor General Fuad Khoury Zarzar presentó el lunes 20 de mayo la publicación “La Contraloría Cuenta Su História", una investigación histórica sobre el rol de las autoridades del país en el control gubernamental, la evolución de la supervisión de los recursos públicos, así como los esfuerzos, hechos trascendentales, situaciones adversas y las iniciativas contra la corrupción emprendidas desde la época del Imperio Incaico hasta nuestros días.

Acompañaron al Contralor General en la presentación y con sus comentarios el director de la Biblioteca Nacional del Perú, Ramón Mújica Pinilla; el Congresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, y el internacionalista y autor del prólogo del libro, Farid Kahhat.

La obra recoge hechos trascendentales, como por ejemplo la moral rígida y efectiva ejercida por el Inca en el Tahuantinsuyo, que sancionaba hasta con la pena de muerte las faltas administrativas relacionadas con la riqueza del imperio. Incluso, los funcionarios que no cumplían con sus deberes eran considerados ladrones y se les castigaba, aún con mayor rigor que a un salteador de caminos.

En esa época, el tucuyricoc o supervisor imperial, reportaba directamente al inca o al auqui los tributos y las cuentas. Ante la presencia de una especie de juez, recibía los quipus de manos de los curacas o quipucamayocs para su revisión y verificación.

El control del Imperio Incaico contrastó con la ejercida durante la época Colonial. Los primeros fiscalizadores fueron los oidores de la Real Audiencia que tomaban las cuentas de las riquezas obtenidas en el Nuevo Mundo. A finales del siglo XVI, los oficiales reales disponían de los dineros del rey como propios ocasionando grandes mermas al tesoro, por lo que Felipe II creó el Tribunal de Cuentas de Lima, México y Santa Fé de Bogotá.

Este órgano vigilaba el buen funcionamiento de la hacienda pública, la recaudación de ingresos y la liquidez monetaria. Sin embargo, estos esfuerzos tuvieron poco éxito porque la propia Corona obstaculizó la buena labor del Tribunal, debido a que permitió poblarla con personas no capacitadas, a quienes vendió los cargos en momentos de urgencia económica, perdiéndose la continuidad del control ejercido por los contadores fundadores.

Durante la República, el general José de San Martín creó el Tribunal Mayor de Cuentas o Contaduría Mayor de Cuentas. Durante la ocupación de Lima por fuerzas realistas, Simón Bolívar creo, además, La Contaduría Mayor Provisional, con sede en Trujillo, cuya labor fue inspeccionar las cuentas mensuales que rendían los administradores de Hacienda. La primera Constitución Política del Perú de 1823 contempló el funcionamiento de una Contaduría General.

Para asegurar la responsabilidad en el ejercicio de la función pública, en 1822 se constituyó los “Juicios de Residencia”, que revisaba la gestión de los funcionarios al terminar su mandato, por lo que el trabajador no podía abandonar el lugar donde había ejercido el cargo ni asumir otro hasta que se finalice el proceso, que incluía la atención a todos los cargos que fueran presentados en contra del procesado.

Simón Bolívar fue más drástico y firmó en 1824, decretos que establecían la pena de muerte para todo funcionario estatal al que el fuera probada, mediante juicio, la toma o malversación de los fondos públicos por un valor mayor a diez pesos, y para aquel que participara directa o indirectamente en contrabando. También se atribuye al Consejo de Gobierno de Bolívar en 1826, la creación de la Contaduría General de Cuentas.

En 1840 se restableció el Tribunal Mayor de Cuentas con el objetivo de verificar las cuentas y la conducta de los funcionarios estatales en el ejercicio de sus cargos. Años después, en 1845, Ramón Castilla estableció un orden de prioridades para la ejecución de los pagos públicos y exigió que se preste atención a los cobros que correspondía hacer al Estado, inició la sana costumbre de contar con un Presupuesto Nacional.

En ese período, se concedió al Tribunal de Cuentas un nuevo reglamento y se le adjudicaron tareas judiciales, pero por problemas de escasez de personal y presupuesto trabaron su función fiscalizadora.

En 1908, durante el gobierno de José Pardo y Barreda, el Tribunal de Cuentas asumió nuevas funciones para examinar, calificar y decidir las cuentas que debían rendir quienes administraban, recaudaban o invertían valores del Estado.

En 1919 llegó al Perú buenas referencias sobre un nuevo tipo de entidad fiscalizadora, llamada Contraloría, que era una institución técnica moderna, que estaba generando resultados eficaces pues realizaba el análisis previo y concurrente de las finanzas del Estado. Diez años después, en 1929, el Tribunal de Cuentas dio paso a la Contraloría General de la República, como una dependencia del Ministerio de Hacienda.

El primer contralor fue Ricardo Madueño y Rosas. Al iniciar sus actividades, la Contraloría se estableció en la vida financiera del país. Esta presencia se reforzó con las recomendaciones del experto y afamado asesor financiero Edwin Kemmerer para que la nueva institución aplique un sistema de vigilancia preventivo y tenga a cargo establecer la responsabilidad civil o penal que tuvieron los funcionarios en el uso del patrimonio.

En 1963, durante la presidencia de Fernando Belaúnde Terry, fue dada la Ley 14816 que convirtió a la Contraloría en un organismo especial autónomo, independiente de cualquier oficina estatal, en lo administrativo y funcional. A partir de 1964, se asigna a la Contraloría la nueva función de auditar obligatoriamente las transacciones públicas.

Luego de la época de la dictadura militar, la Constitución de 1979 amplía sus funciones para que supervigile la ejecución de los presupuestos, del sector público y las operaciones de la deuda pública y la gestión. La evolución del organismo superior de control continúa en los próximos años y se consolida más aún a partir del año 2009 con el fortalecimiento del marco legal anticorrupción y el planteamiento de nuevos retos a favor del buen uso de los recursos públicos.